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Hay que repetir una vez más –y ya no recuerdo cuántas veces lo hemos hecho– que fue Pedro Solbes, allá por 1993, el primer ministro de Economía español que recomendó a los ciudadanos constituir planes privados de pensiones. Sin embargo, en la anterior legislatura, no pudo evitar que una especie de «progresismo de salón» extendiera entre el Gobierno socialista la idea de que los planes de pensiones sólo benefician a unos cuantos «ricos», sobre todo a esos que, una vez llegado el momento de la jubilación, recuperan todo el dinero de golpe (en forma de capital) para comprarse una casa, o un coche... Porque de esa idea tan primaria salió la última medida fiscal contra los planes: suprimir la deducción para quien recupere el dinero en forma de capital. Y lo peor de todo no fue la medida en sí, sino el hecho de que generó incertidumbre, al transmitir que se podía retocar una y otra vez –en este caso, a peor– la fiscalidad de los planes. Es decir: introducir cambios fiscales a corto sobre un producto diseñado para el largo plazo.

En este caso, es triste acertar con un pronóstico. Pero ya advertimos que la última reforma fiscal desincentivaría a quienes cada año aportan a sus planes de pensiones. Si el partícipe deja de aportar –o aporta lo justo para resolver su declaración fiscal de cada año porque ya no se fía de los posibles cambios normativos– y cada vez son más los que, al jubilarse, reembolsan su dinero, el patrimonio en planes de pensiones difícilmente crecerá. La patronal del sector, Inverco, insiste en que las cifras del primer trimestre, que confirma el notable descenso en las aportaciones iniciado hace dos años, no son representativas y en que el ejercicio se cerrará con aportaciones de 7.000 millones de euros... el mismo nivel que en 2005. Pero esto es ya un mal dato. Todo lo que no crece, mengua. Y los planes se enfrentan no sólo a los nocivos efectos de la reforma fiscal, al desinterés del Gobierno por unos productos que, por el contrario, debería potenciar, y a la apatía de las propias entidades, obsesionadas ahora por captar depósitos. A todo ello se une un mercado complejo, que ha sembrado los números rojos entre los planes en los últimos doce meses. Unas rentabilidades negativas que sólo se pueden combatir con un esfuerzo en la gestión. Pero, ¿van a dedicar las entidades suficiente talento para gestionar un producto con patrimonio decreciente, incertidumbre fiscal, olvido normativo (¿cuándo volverá a hablarse en serio del Pacto de Toledo?) y arrinconado por unas redes bancarias que prefieren comercializar depósitos, facilones de colocar en tiempos de crisis financieras e ideales para engordar los balances de bancos y cajas?

El riesgo de extinción es evidente. Como el peligro adicional de que los planes no logren su objetivo de reforzar a un sistema público de pensiones que también puede fenecer antes de lo previsto. ¿Permitiremos esta nociva espiral?